¿Por qué ahora?
La expropiación del 51% de YPF S.A implica un giro positivo en la política nacional de hidrocarburos, realizada más por una necesidad que por una política planificada desde el Estado. Prueba de ello es que el Gobierno no modificó, previamente al anuncio de expropiación, el marco jurídico totalmente desfavorable para Argentina a los fines de la expropiación y -también- el marco jurídico y político que posibilitó el vaciamiento de pozos y reservas. Además, con total claridad: muchos de los que forma parte del gobierno fueron los responsables directos de la privatización de YPF en la década de los ´90.
Desde 2007 Argentina perdió la capacidad de autoabastecerse de gas y derivados del petróleo, mientras que Repsol aumentaba el envío de ganancias a España, sin realizar la necesaria inversión para ampliar la producción. A pesar de ello el Gobierno aseguró, a través de su política, grandes ingresos a los empresarios con la “esperanza de que así aumentasen sus inversiones en el país”.
Sin embargo nada de esto sucedió, ni si quiera con la incorporación a la empresa del grupo local "Petersen" (familia Eskenazi), que lejos de reactivar las inversiones y la productividad de YPF, profundizó su saqueo y desbastamiento. Al margen de que este grupo accedió al 25% de YPF sin poner un centavo, dado que van pagando con lo que ganan de YPF. Llama la atención entonces, que estos empresarios no sean expropiados también, siendo que ellos son tan responsables como Repsol de la caída de la producción.
El gobierno debió tomar esta decisión porque le resultaba muy costoso el mantenimiento de las importaciones de hidrocarburos (9.350 millones de dólares en 2011) necesarios, entre otras cosas, para remediar la falta de energía eléctrica a través del viejo y contaminante mecanismo de las centrales termoeléctricas, que funcionan a base de petróleo y gas natural.
Para seguir avanzando
Para que esta medida sea el inicio de una nueva política energética que nos permita salir de la crisis que se arrastra desde hace años, el Gobierno deberá avanzar en la recuperación del control sobre nuestros recursos. En primer lugar, la expropiación del 51% permitirá al Estado dar impulso a sus iniciativas pero no controlar YPF. Para ello necesitaría un mínimo del 60% de las acciones, puesto que de esta manera se aseguraría la proporción necesaria para poder convocar a Asambleas y tener quórum para que éstas funcionen. Aún así, YPF seguiría siendo una sociedad anónima y no una empresa del Estado como lo era antes de su privatización. Ello significa que parte de sus acciones serán vendidas a nuevas empresas, y como ha quedado demostrado, todos los empresarios (tanto nacionales como multinacionales) solo buscarán ganancias y más ganancias, y no un desarrollo productivo sustentable.
De este modo, la estatización total de YPF sería un paso contundente para el desarrollo de una política energética soberana que permita no sólo el autoabastecimiento sino la utilización de sus ganancias para impulsar políticas sociales y desarrollar otros sectores de la economía como sucede en Venezuela.
Además, de ser Estatizada podría ser controlada por varios organismos estatales que reducirían los riesgos de mala administración, cuestión que forjando una de empresa mixta (capital privado y estatal -S.A-), como pretende el Gobierno, esos controles quedaran bloqueados. También resulta necesario asignar a YPF un fuerte control social y de los trabajadores sobre el manejo de la empresa, ya que corre el riesgo de convertirse en una gran caja para la realización de negocios privados a costa del pueblo.
Por otra parte, YPF sólo produce el 36,86% del petróleo y el 23,29% del gas que se extrae de nuestro país, de manera que para que el Estado argentino pueda recuperar el manejo de la totalidad de sus recursos energéticos deberá avanzar sobre otras empresas (como Pan American Energy y Total) o les deberá quitar las concesiones de posos petroleros y gasíferos; y ponerlos a producir para YPF.
También se deberá recuperar la soberanía nacional sobre los recursos del subsuelo (hoy en manos de las provincias) y reformar toda la normativa desregulatoria sobre la extracción y comercialización de petróleo que fue aprobada durante los gobiernos de Menem. Estas habilitaron la libre disponibilidad de petróleo y gas, la libertad de precios internos y el acceso al dinero obtenido por las exportaciones para todas las petroleras que operan en nuestro territorio. De manera que si YPF sigue representando una proporción minoritaria de la producción de hidrocarburos y estas leyes siguen vigentes, poco podrá hacer el Estado para regular los precios internos de las naftas y el gas a fin de garantizar el autoabastecimiento, etc.
Por ultimo, a fin de no perpetrar una nueva estafa al pueblo argentino, la expropiación debería ser sin indemnización a Repsol, sobran los motivos jurídicos, económicos y políticos para ello.
¡Sigamos avanzando hacia la soberanía energética!
No hay comentarios:
Publicar un comentario