LA LUCHA POR LOS DERECHOS HUMANOS: Más que profundizar el modelo luchemos por cambiarlo.
Han pasado 36 años del último golpe de Estado. Hace más de 30 que el pueblo argentino, a través de los organismos de DD.HH. y organizaciones políticas y sindicales, se moviliza y lucha por memoria, verdad y justicia, logrando profundos avances en la conciencia colectiva sobre la necesidad de perseguir, enjuiciar y condenar (judicial y socialmente) a los genocidas, cómplices, promotores y beneficiarios.
El kirchnerismo suele presentarse como “el gobierno de los Derechos Humanos”, pero lo cierto es que los avances en esta materia se deben más a la lucha de de los organismos de DD.HH., organizaciones políticas, sindicales y estudiantiles que a la buena voluntad del gobierno. Después de la rebelión del 2001 fue necesario, para reconstruir el poder de las clases dominantes, hacer ciertas concesiones sociales y democráticas al pueblo y los trabajadores. En este marco se produjo la nulidad de las leyes de obediencia debida y punto final que permitieron el reinicio de los juicios a los genocidas. El discurso oficialista vive intentando convertir las 274 condenas a represores en todo el país durante los últimos 8 años en un gesto heroico y unipersonal de quienes ocuparon el sillón presidencial.
Sin embargo, los avances que el oficialismo se adjudica en materia judicial sobre algunos genocidas – en su mayoría militares- se combina con un amplio conjunto de herramientas y medidas represivas, pasando por una exacerbada judicialización de la protesta, el uso de represión tercerizada, gatillo fácil, y hasta la creación reciente del proyecto X, plan de infiltración e inteligencia de Gendarmería Nacional para recolectar información sobre organizaciones, dirigentes, y etc. opositores al oficialismo, a lo que debe sumarse la sanción de tres leyes antiterroristas (instrumentos para reprimir al pueblo y a sus organizaciones).
El gobierno no ha tomado las medidas políticas necesarias para garantizar el castigo a todos los culpables. No promovió la unificación de las causas, tampoco impartió medidas precisas a fin de que no se sigan fragmentando, no ha hecho ni el mas mínimo esfuerzo en proteger a los testigos de los juicios. Y se niega a abrir todos los archivos de la dictadura, con los nombres, las fotos y los legajos de los genocidas que manejaron los campos de concentración.
Hoy, más del 90 % de los genocidas no han sido enjuiciados; no hay ni un represor condenado por cada uno de los 500 campos de concentración que existieron Argentina y se especula que a este ritmo los procesos contra represores terminarán en 2030.
DICTADURA CÍVICO-MILITAR, GENOCIDA Y CONTRAREVOLUCIONARIA.
Desde la Juventud Guevarista caracterizamos a la última dictadura cívico-militar como genocida y contrarrevolucionaria.
Genocida debido a que existió un plan sistemático de exterminio que estuvo dado por la coordinación operativa nacional e internacional (plan Cóndor), los espacios físicos para la detención y tortura (centros clandestinos), los métodos represivos de secuencia secuestro-tortura-desaparición-muerte y los interrogatorios, como así también la selectividad de los sujetos y flancos ordenados con un criterio político. Allí es donde radica el carácter de genocidio, en la planificación, en el alto grado de organización para llevar adelante el exterminio.
Contrarrevolucionaria por su doble objetivo principal e inseparable: "aniquilar" al movimiento obrero y revolucionario desarrollado en Argentina, creciente desde el Cordobazo y en lucha por el socialismo; lo que les permitió implementar un modelo económico de mayor explotación, enriquecimiento empresario y servil a los intereses imperialistas.
Ahora bien, es importante reafirmar que la dictadura fue cívico-militar, puesto que la instalación y organización del golpe de estado y la dictadura tuvo como participantes a muchas empresas y grupos civiles, entre las cuales podemos nombrar al Consejo Empresario Argentino (CEA, hoy Asociación Empresaria Argentina - AEA); Sociedad Rural Argentina (SRA), Grupo Clarín, Mercedes Benz Argentina, Acindar, Ford y Ledesma, entre muchas otras. La responsabilidad patronal en la dictadura estuvo impulsada por la necesidad de sostener las ganancias empresarias y el capitalismo, como marco general para garantizarlas. Esto sólo era posible exterminando a la militancia en las fábricas y empresas, que durante los años previos al golpe proyectaba en las luchas un tipo de sociedad más justa y equitativa.
El caso más conocido y resonante -hasta el momento- es el de Martínez de Hoz, que pasó de ser presidente de Acindar a Ministro de Economía de la dictadura. Quien se encargó de que la empresa obtenga importantísimos beneficios tributarios y económicos a partir de los regímenes de promoción industrial (a expensas de la empresa estatal SOMISA), de la transferencia de su deuda privada al estado, y de cuantiosas transferencias de recursos que cimentaron su expansión como grupo económico.
Pero la relación de la empresa Acindar, como en el caso de Ford Motors Argentina, Mercedes Benz y otras, con las fuerzas armadas, no solo fue en función de los beneficios económicos adquiridos, sino que la empresa participó del proceso represivo proveyéndole a las fuerzas militares apoyo logístico (vehículos, dinero etc.), contratación de personal encubierto para infiltrar a grupos de trabajadores, elaboración de listas negras de obreros y hasta instalando un centro clandestino de detención al interior de la fabrica.
CONTINUAR LA LUCHA
La Juventud Guevarista levanta las banderas de los compañeros detenidos desaparecidos y caídos en la lucha, porque nuestros compañeros lucharon por la patria socialista.
Este gobierno no quiere juzgar a todos los responsables, por eso es tarea de las organizaciones populares impulsar las investigaciones que permitan conocer cabalmente las vinculaciones entre las empresas y las fuerzas armadas en el genocidio perpetrado contra en el movimiento obrero y revolucionario. Juicio y castigo a todos los responsables.
Exigimos la apertura de los archivos de la dictadura, la unificación de causas y la completa transmisión televisiva de los juicios contra los genocidas.
Exigimos la derogación de las leyes antiterroristas, la culminación de proyectos de espionaje e inteligencia sobre organizaciones políticas, sindicales, etc.
30.000 COMPAÑEROS DETENIDOS DESAPARECIDOS:
¡PRESENTES!!!
